En las proyecciones que ha hecho el gobierno de Jalisco, encabezado por el emecista Jesús Pablo Lemus Navarro en los últimos meses, ha calculado que para resolver el problema del agua sucia, infecta y pestilente que se suministra a millones de usuarios en la zona metropolitana de Guadalajara, tendrían que invertirse más de 40 mil millones de pesos para obras, en las cuales reclama la participación del gobierno federal.
Sin embargo, a juicio de expertos independientes en la materia, las estrategias planteadas por el mandatario estatal y en su momento respaldadas por el director general del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda, no son pertinentes ni tampoco las más adecuadas, pues no han sido resultado de un proceso amplio, profesional, serio, abierto a la participación de expertos que no estén comprometidos con el interés político y económico de la administración estatal de Jalisco.
El gobernador de Jalisco dijo el miércoles 12 de agosto del 2026 que los dos proyectos que presentó el día anterior a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y para los cuales quedó comprometido el apoyo del gobierno federal, fueron el acueducto sustituto de Chapala a Guadalajara y la renovación de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, que tendrían una inversión aproximada de 15 mil millones de pesos.
El mandatario Lemus Navarro publicó el miércoles 26 de agosto del 2026 en su plataforma de Facebook que le agradecía a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su visita a Jalisco y que le hubiese hecho un espacio en su agenda para que pudieran tener una reunión de trabajo. “La Presidenta me confirmó el apoyo del Gobierno de México para los grandes proyectos de infraestructura que requiere Jalisco, principalmente los que nos ayudarán a resolver los temas de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara”.
Un día después, el jueves 27 de agosto del 2026, el mandatario de Jalisco publicó en Facebook lo siguiente: “Les comparto parte de los acuerdos alcanzados con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de infraestructura hidráulica y el esquema financiero para el acueducto Chapala-Guadalajara. También contaremos con el respaldo del Gobierno Federal para las obras de ingeniería eléctrica de El Zapotillo”.
Pablo Lemus dijo que el gobierno estatal pagaría la restauración de la Planta Potabilizadora de Miravalle, con un costo de 7 mil 500 millones de pesos; que el gobierno federal realizará obras de ingeniería eléctrica y un acueducto en la presa El Zapotillo por 5 mil millones de pesos y que la construcción del nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara costaría 10 mil millones de pesos, con una asociación público-privada que sería analizada antes de recibir el aval de la Secretaría de Hacienda.
LAS OBJECIONES
Sin embargo, no todo el mundo comparte el optimismo del gobernador Lemus Navarro. El pasado viernes 28 de agosto del 2026 el periódico Mural publicó una entrevista realizada por el reportero Francisco de Anda Argumedo al director del Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la Universidad Panamericana, Hugo Briseño Ramírez, quien advierte que los acuerdos entre el mandatario de Jalisco y la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en obras hídricas prioritarias para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), representan un paso necesario, pero están lejos de resolver el problema del abasto de agua para la conurbación tapatía.
Briseño Ramírez explicó que ninguno de los anuncios recientes ha puesto sobre la mesa uno de los principales problemas del sistema hídrico metropolitano: el estado de los cerca de 8 mil 500 kilómetros de tubería que conforman la red de distribución de agua. “Tenemos un agua no contabilizada (fugas) del 40 al 50 por ciento. De nada sirve traer agua, si la vamos a tirar”.
Por su parte el consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en los sectores público social y privado Sergio E. Gómez Partida, objeta que, antes definir obras, el gobierno estatal debe hacer un diagnóstico profesional sobre las raíces del problema del agua insalubre y apestosa que se suministra en la zona metropolitana de Guadalajara, además de rediseñar el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con estrictos criterios de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.
Mientras que el doctor en urbanismo y experto en el manejo de recursos hídricos, investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason Espíndola, señaló que el problema del agua infecta y pestilente que se suministra a los usuarios en Guadalajara no se resuelve privatizando el SIAPA ni solicitando más recursos federales sin antes presentar un diagnóstico técnico, preciso, actualizado e independiente que identifique las causas reales de la crisis.
“Preocupa -advierte el doctor Gleason Espíndola- que el plan presentado [por el Gobierno de Lemus Navarro] sea desarticulado y con evidentes señales de haber sido elaborado casi todo con Inteligencia Artificial, sin el sustento técnico que exige un problema de esta magnitud. Jalisco necesita decisiones basadas en evidencia, transparencia y planeación de largo plazo, no improvisación”.
LA SOCIEDAD
Las 20 organizaciones que convocaron y participaron en la Megamarcha por el Agua y el Festival Agua KK Fest realizados el reciente domingo 23 de agosto del 2026, entre ellas el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), advierten que mujeres, familias, infancias, hombres, diversidades, juventudes, trabajadores, habitantes de colonias, barrios, organizaciones sociales, civiles, colectivos vecinales, comunidades, especialistas y personas defensoras del agua, los derechos humanos y el territorio, denunciaron que la grave situación del agua que actualmente vivimos en el Área Metropolitana de Guadalajara tiene responsables directos.
Señalan a las autoridades de los tres niveles de gobierno, los directivos del SIAPA -los actuales y los anteriores-, los municipios, la Comisión Nacional del Agua, los grandes usuarios y las empresas acaparadoras y contaminadoras: inmobiliarias, embotelladoras, refresqueras, cerveceras, corredores industriales, la agroindustria y las zonas residenciales.
Reclaman que el Gobierno de Jalisco presentó inicialmente una estrategia hídrica estimada en alrededor de 25 mil millones de pesos. Posteriormente, el Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua reveló que las 32 intervenciones contempladas por el gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro representan una inversión total mucho mayor de 42 mil 200 mil millones de pesos.
Por lo tanto, le plantean al gobierno estatal la imperiosa obligación de que cada proyecto explique cuál es el problema que pretende resolver; cuánto costará; cuál es su proyecto ejecutivo; quién lo construirá; quién lo operará; cuánto costará mantenerlo; cuál será su fuente de financiamiento; durante cuántos años se realizarán pagos; qué empresas privadas participarán; qué obligaciones asumirá el Estado; qué riesgos financieros recaerán sobre las siguientes administraciones; cuál será su impacto ambiental; y de qué manera mejorará concretamente la calidad del agua que llega a las viviendas de quienes viven en la zona metropolitana de Guadalajara.
Advierten las organizaciones que rechazan las imposiciones del gobierno de Lemus Navarro: “No aceptaremos megaproyectos decididos desde arriba y financiados durante décadas con dinero público sin escrutinio ciudadano. No aceptamos que la crisis del agua sea utilizada para justificar de manera acelerada megaproyectos de miles de millones de pesos”. Exigen la revisión pública, técnica, social, ambiental y financiera de cada uno de los proyectos que integran la estrategia.
Al mismo tiempo, las organizaciones convocantes encabezadas por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario rechazaron el planteamiento del gobernador Pablo Lemus de incorporar inversión privada mediante asociaciones público-privadas y esquemas de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) en infraestructura estratégica del sistema.
“Advertimos -señalan las 20 organizaciones que realizaron la marcha del domingo 23 de agosto del 2026- que transferir a empresas privadas funciones relacionadas con construcción, mantenimiento y especialmente operación de infraestructura pública puede abrir un proceso de privatización parcial o total de funciones esenciales del SIAPA. La participación privada no es gratuita. Las empresas invierten para recuperar su capital y obtener ganancias. No aceptaremos que la crisis del SIAPA sea utilizada para justificar la entrega de infraestructura estratégica al capital privado”.
Es muy importante tener presente el pronunciamiento que el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y otras 19 organizaciones sociales plantearon en la marcha del pasado 23 de agosto del 2026, al advertir: “No aceptamos que una crisis provocada durante años termine convirtiéndose en una oportunidad para nuevos negocios. No queremos que la crisis sea utilizada para justificar negocios privados, megaproyectos opacos o nuevas deudas públicas. No aceptamos que se comprometan decenas de miles de millones de pesos sin vigilancia ciudadana”.
Lo dicho, el problema del agua sucia, infecta y pestilente que agobia a la zona metropolitana de Guadalajara es una señal clara del colapso de las políticas hídricas y de la irresponsabilidad, negligencia y corrupción de gobiernos de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que durante décadas permitieron que el problema se agravara paulatinamente. Sin que, por el momento, exista un rumbo claro para solucionarlo.