El pasado jueves 8 de octubre del 2026 el gobierno emecista de Jesús Pablo Lemus Navarro entregó al Congreso de Jalisco la iniciativa técnica y financiera para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, que tendría que ser aprobada por la legislatura estatal y que comprometería los recursos del estado con pagos de más de 2 mil millones de pesos anuales a los inversionistas privados durante 18 o 23 años, según la definición final del contrato.
Esa contraprestación a los inversionistas privados representaría un incremento de entre el 63 y el 68 por ciento de los compromisos financieros del gobierno estatal, por encima de los 3 mil 680 millones de pesos anuales que se pagarán en 2026 por la actual deuda de Jalisco.
Por parte del gobierno de Jalisco la Comisión Estatal de Agua (CEA) firmaría el contrato público-privado, para Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) del nuevo acueducto. Con base en el presupuesto anual de la Comisión Estatal del Agua, correspondiente a 2026, que asciende a 3 mil 057 millones pesos, la contraprestación que el gobierno de Jalisco tendría que pagar, según la duración del contrato de 20 a 25 años, representaría entre el 75 y el 83 por ciento del presupuesto anual de esa dependencia.
El proyecto está en pausa y bajo análisis de la Comisión Nacional del Agua, que tendrá que diseñar esquemas técnicos y de financiamiento, pues por disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se respaldará ningún esquema que pueda significar la privatización del agua en Jalisco.
NEGOCIO MILLONARIO
En los documentos anexos que el gobierno estatal entregó al Congreso de Jalisco están los dictámenes favorables de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana que encabeza Cynthia Patricia Cantero Pacheco, con fecha del viernes 2 de octubre del 2026, y el de la Secretaría de la Hacienda Pública estatal que es responsabilidad de Luis García Sotelo, con fecha del lunes 5 de octubre de 2026.
Es en el dictamen de la Secretaría de Hacienda de Jalisco, donde están los detalles del proyecto entregado al Congreso de Jalisco, se establece que “para efectos del presente dictamen, la inversión estimada en obra del Proyecto de Inversión para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara para el abastecimiento de agua potable al Área Metropolitana de Guadalajara asciende 11 mil 921 millones 788 mil 721 pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a precios de agosto de 2026. Este monto constituye la base de inversión común para las alternativas de 20 y 25 años”.
Sin embargo, aclara la Secretaría de Hacienda de Jalisco que “este monto constituye la base de inversión común para las alternativas de [contratos por] 20 y 25 años y corresponde exclusivamente al alcance técnico del Proyecto, sin incorporar partidas, costos directos, indirectos, financieros, operativos ni contingencias de obras ajenas. Las cifras financieras derivadas deberán guardar congruencia con esta base de inversión y sujetarse al procedimiento competitivo, la asignación contractual de riesgos, la validación presupuestaria correspondiente y, en su caso, las autorizaciones legislativas aplicables”. (Página 7, Anexo 2).
La Secretaría de Hacienda de Jalisco estima que la Comisión Estatal del Agua no tendría recursos propios para cumplir sus obligaciones anuales con el inversionista que financie el acueducto, pues en un contrato de 25 años la contraprestación anual de referencia, en pesos constantes de 2026, sería de 2 mil 321 millones 64 mil 622 pesos, equivalentes a 193 millones 422 mil 51 pesos mensuales.
En un contrato de 20 años, la contraprestación anual para el inversionista sería, en pesos constantes del 2026, de 2 mil 538 millones 264 mil 622 pesos, equivalentes a 211 millones 522 mil 51 pesos mensuales. Al igual que en el caso anterior, la Comisión Estatal del Agua no tendría presupuesto para atender con recursos propios esos compromisos (Página 8, Anexo 2).
El periodo de mantenimiento, rehabilitación y operación sería de hasta 18 años en la primera alternativa y de hasta 23 años en la segunda, pues se presume que la construcción del acueducto duraría dos años. La Comisión Estatal del Agua (CEA), dice el dictamen, por sí sola, no tendría capacidad presupuestaria financiera suficiente para absorber las obligaciones estimadas en ninguno de los dos horizontes contractuales. En consecuencia, para ambos escenarios, la Secretaría de la Hacienda Pública deberá prever anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado y transferir a la CEA, mediante las asignaciones, transferencias o subsidios que jurídicamente correspondan, los recursos necesarios y suficientes para cubrir las contraprestaciones exigibles.
Para determinar la vigencia contractual y el techo financiero más convenientes, el expediente deberá y incorporar dos modelos financieros comparables: uno con vigencia contractual total de 20 años, integrado por 2 años de diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha y 18 años de operación y mantenimiento; y otro con vigencia contractual total de 25 años, integrado por 2 años para la primera etapa y 23 años para la segunda.
La iniciativa determina dos alternativas: Para la opción con vigencia total de hasta 20 años, el techo financiero máximo acumulado sería de 39 mil 688 millones 763 mil 210 pesos. Para la opción con vigencia total de hasta 25 años, el techo financiero máximo acumulado sería de 48 mil 296 millones 486 mil 324 pesos. Ambos montos están expresados a precios base de agosto de 2026 y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (Páginas 10 y 11, Anexo 2).
PODRÍA SALIR MÁS CARO
Sin embargo, se señala en el mismo documento de la Secretaría de Hacienda de Jalisco que la conciliación aritmética confirma que en el escenario de 20 años, su multiplicación por los 18 años de operación arrojaría un total de 45 mil 688 millones 763 mil 210 pesos, importe superior en 6 mil millones de pesos que inicialmente se considera como tope a la obligación total de 39 mil 688 millones 763 mil 210 pesos.
En el escenario de 25 años, la multiplicación de la contraprestación que pagaría el gobierno estatal por 23 años de operación arrojaría un monto total de 53 mil 384 millones 486 mil 324 pesos, importe superior en 5 mil 88 millones de pesos a la obligación total estimada originalmente de 48 mil 296 millones 486 mil 324 pesos (Página 13, Anexo 2).
En el documento elaborado por la Secretaría de Hacienda de Jalisco se justifica este monto adicional al tope originalmente establecido para pagar en el contrato que se firme a 20 o 25 años, como correspondiente a la tarifa de recuperación de la deuda de los últimos 5 años de operación, entre 84 y 100 millones de pesos mensuales adicionales durante 60 meses, toda vez que el crédito se liquidaría en 2041 y 2046, respectivamente según la duración del contrato (Página 13, Anexo 2).
La viabilidad financiera del proyecto queda condicionada a que el monto máximo de las contraprestaciones, la eventual fuente alterna de pago, las garantías otorgadas, los mecanismos de actualización, los costos financieros implícitos, las obligaciones contingentes y los escenarios de estrés sean plenamente cuantificados antes de la contratación. La Secretaría de Hacienda de Jalisco deberá corroborar que tales compromisos resulten compatibles con la capacidad de pago del Estado, con las proyecciones de ingresos disponibles, con las obligaciones previamente contratadas, con los límites de endeudamiento y con los indicadores que determinan el Techo de Financiamiento Neto (Página 15, Anexo 2).
Los derechos, cuotas por suministro de agua y demás ingresos propios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado quedarán excluidos de las fuentes de pago y de los mecanismos de garantía del Proyecto (Página 19, Anexo 2).
La infraestructura construida y los bienes capitalizables del Proyecto permanecerán bajo la titularidad del inversionista proveedor mientras se encuentre pendiente de recuperación la inversión correspondiente al contrato que se firme a 20 o 25 años. Una vez cubierta íntegramente dicha tarifa, la propiedad de la infraestructura será transmitida a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, libre de gravámenes y limitaciones de dominio (Página 21, Anexo 2).
LAS OBJECIONES
El lunes 12 de octubre del 2026, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el gobierno federal no estaba de acuerdo en apoyar algún tipo de privatización, de ningún servicio público y mucho menos el del agua. Señaló que asuntos como el del agua infecta que se suministra en la zona metropolitana de Guadalajara y la contaminación del Río Santiago, tendría que resolverlos en conjunto los gobiernos federal y estatal.
Explicó la presidenta Sheinbaum Pardo que el gobernador de Jalisco, Lemus Navarro, planteó un esquema de financiamiento denominado Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, que al gobierno federal le ha resultado conveniente en proyectos de carreteras, pero que en el caso del agua es distinto, por la operación de los sistemas de abasto. Por lo tanto, consideró que debería ser analizado conjuntamente entre la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Jalisco.
El jueves 8 de octubre del 2026 el gobernador de Jalisco Jesús Pablo Lemus Navarro entregó al Congreso estatal, para su análisis y discusión, un esquema de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación (CMRO). La presidenta Sheinbaum propuso revisar una alternativa con recursos públicos, coordinada entre la Federación y el Estado, para lo cual la Comisión Nacional del Agua tendría que elaborar el proyecto técnico y financiero.
En la conferencia mañanera de este martes 20 de octubre del 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que al respecto todavía no había un acuerdo entre el gobierno federal y el de Jalisco, porque no existe un proyecto concreto que pueda ser financiado sin privatizar el agua de los jaliscienses.