Esta ausencia, visible desde mucho antes de que empezara la marcha, a las 11:00 horas, y que causó desconcierto, zozobra y dudas sobre los riesgos de caminar hacia Palacio de Gobierno, dejó un amplísimo espacio para que sujetos encapuchados, que incluso fueron expulsados de la marcha y rechazados por los manifestantes, causaran destrozos en Palacio de Gobierno, el Congreso de Jalisco y el Supremo Tribunal de Justicia.

Los tiempos son importantes y fue alrededor de las 12 del día, poco antes de que la manifestación diera sus primeros pasos, desde el Parque Revolución y por Avenida Juárez, en el corazón de Guadalajara, cuando a dos cuadras de distancia más adelante, por donde debía pasar la marcha, se detonaron petardos y se rompieron las ventanas de vidrio de un hotel y los aparadores de varios comercios sin que autoridad alguna interviniera.

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Y después de la marcha, cuando la protesta ya se diluía frente a Palacio de Gobierno estatal, encapuchados que fueron rechazados en las filas de la manifestación, detonaron petardos en una puerta de ese inmueble; en la puerta del Congreso de Jalisco, a dos cuadras de la sede del gobierno estatal y en la parte posterior del Palacio de Justicia, a tres cuadras de distancia. 

Providencialmente, tampoco hubo policías, estatales o municipales, que estuvieran atentos para detenerlos en el momento en el que cometieron sus actos violentos.

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Sin embargo, a las 18:40 horas de este domingo 18 de octubre del 2026, el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro subió a su red social “X” el siguiente mensaje: “Esta vez, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos. Al final de la manifestación, nuevamente, un grupo de 300 personas se quedó para provocar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar algunas cámaras de seguridad y arrojar petardos y bombas molotov”.

Agrega: “Un grupo lanzó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial. Ante ello, la Policía intervino para controlar los incendios provocados. Fueron detenidas cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior había bidones de gasolina. Estas personas presuntamente incendiaron las puertas del Congreso y del Poder Judicial”.

Todo justo a la medida de lo que necesitaba el gobernador para tratar de cambiar la narrativa de la represión del pasado domingo 11 de octubre del 2026 y derivar la atención hacia la presencia de violentadores a los que llamó porros, sin identificarlos por su origen.

Lo bueno es que el gobernador, con toda la fuerza investigadora de la Fiscalía de Jalisco tendrá herramientas para documentar sus afirmaciones con respecto a los 300 porros presentes en esta segunda manifestación contra el agua infecta en Guadalajara, que se suman a los 400 que según sus propias palabras provocaron la violencia hace una semana.

Tampoco en esta ocasión aclara el gobernador porque la fuerza pública, responsable de garantizar la seguridad, como lo prometió su secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, fue tan claramente omisa y permisiva contra acciones violentamente provocadoras ajenas a la manifestación. Como no aclaró una semana antes dónde se encontraba durante la manifestación en Casa Jalisco y quién dio las órdenes para detener, secuestrar, torturar e incomunicar a personas arbitraria y violentamente detenidas.

EL PREÁMBULO

Desde muy temprano, poco después de las 11:00 horas, antes de que iniciara la marcha contra el agua infecta de Guadalajara, contra la represión, contra de la privatización del agua y en favor de la Revocación de Mandato a Pablo Lemus, hubo actos de provocación en el Parque de la Revolución, lugar de la concentración, donde un grupo de personas encapuchadas y con artefactos para provocar desmanes y violencia, fueron repudiadas y rechazadas por los manifestantes.

Alrededor de las 12:00 horas el contingente ya estaba organizado para iniciar la marcha, pero hizo una pausa de más de media hora debido a que unas cuadras adelante, un grupo de encapuchados detonó algunos petardos y rompió los ventanales de vidrio de un hotel y algunos aparadores de negocios sobre Avenida Juárez. Ante la falta de garantías, porque en todo el cuadrante no se observaba presencia de presuntos guardianes del orden, se dilató la salida hacia Palacio de Gobierno.

Finalmente, la marcha empezó a fluir hacia la Plaza de Armas y frente a Palacio de Gobierno miles de manifestantes se sentaron en el suelo para reiterar su actitud pacifista. En diferentes momentos, sujetos embozados trataron de violentar la protesta, pero fueron rechazados a coro con el grito “¡La marcha es pacífica!”.

Ya entrada la tarde, después de las 16:00 horas, cuando la mayoría de los manifestantes habían abandonado la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, grupos de encapuchados violentos arremetieron con petardos contra una puerta del edificio en donde cotidianamente despacha Lemus Navarro; incendiaron la puerta del Congreso del Estado, a dos cuadras y media de distancia, y le prendieron fuego a una puerta trasera del Palacio de Justicia, a tres cuadras de distancia.

Contraste singular y extraño: en la manifestación del pasado domingo 11 de octubre del 2026, quienes gritaron consignas contra el gobierno de Pablo Lemus e intentaron rebasar las vallas que protegían Casa Jalisco, fueron reprimidos violentamente por la policía estatal, secuestrados y según denuncian, hasta torturados; en la marcha de este domingo 18 de octubre del 2026, grupos violentos, ajenos a la manifestación, como el mismo gobernador Lemus Navarro lo admite, fueron dejados en plena libertad para hacer destrozos y quemar puertas de varios edificios. Y las valientes fuerzas de seguridad…

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La de este domingo 18 de octubre del 2026 fue una manifestación pacífica en protesta contra el agua infecta en la zona metropolitana de Guadalajara; contra la represión, el secuestro y la tortura; contra la privatización del agua y en exigencia de la Revocación de Mandato a Pablo Lemus. Fue una manifestación en la cual la violencia fue sembrada por grupos de encapuchados, frente a la pasividad, negligencia o complicidad de quienes debían brindar seguridad a los manifestantes, hechos que el gobierno de Jalisco tendrá que investigar y aclarar.