El gobernador dijo que después de reunirse con los presidentes municipales que forman parte del Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara, decidieron racionar el líquido que se presumiría potable, de manera alternativa en todas las colonias del área conurbada, pues el SIAPA dejará de utilizar el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala que abastece a la ciudad.
Estima el mandatario que eso mejorará substancialmente la calidad del agua que recibe la gente. La solución de fondo, con la construcción del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara tardará, por lo menos, dos años.
“No hemos negado esta realidad, pero tampoco nos hemos quedado cruzados de brazos […] Durante muchos años se dejaron de hacer las inversiones necesarias para mantener actualizada la infraestructura dedicada a la potabilización del agua de la ciudad. Hoy nos toca atender este problema y lo hacemos con absoluta responsabilidad”, dice Pablo Lemus en un video publicado en su plataforma de Facebook este martes 6 de octubre del 2026 un poco después de las cinco de la tarde.
No aclara el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro a cuántos años de negligencia se refiere, pues por lo menos desde hace 11 años años él ha sido autoridad municipal en Zapopan y Guadalajara, integrante del Consejo de Administración del SIAPA. Y desde hace ocho años Enrique Alfaro Ramírez y Lemus Navarro han sido responsables del gobierno de Jalisco, que opera y pone al director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana tapatía.
La sociedad debe estar muy atenta y exigir a los alcaldes metropolitanos que cumplan con su deber constitucional de vigilar y exigir con energía, que el problema se resuelva con la mayor celeridad, para que en breve el SIAPA brinde a los ciudadanos un servicio de agua potable eficiente y suficiente, porque constitucionalmente están obligados a hacerlo.
Pero de igual manera, los ciudadanos deben exigir a sus diputados locales, presuntos representantes populares, para que presionen al gobernador Lemus Navarro y al director del SIAPA, para que cumplan con eficiencia, lo más pronto posible, la restauración del servicio normal de abasto de agua, con calidad y suficiencia.
Los alcaldes metropolitanos, de todos los partidos y colores, lo mismo que la mayoría de los diputados locales, han solapado de manera pasiva y sumisa la negligencia e irresponsabilidad del gobernador Lemus Navarro y del SIAPA para resolver el problema, que llegó a los extremos de una crisis sanitaria que ha puesto en riesgo la salud de miles de habitantes de la zona metropolitana tapatía.
Tanto alcaldes como diputados locales están obligados a actuar enérgicamente en defensa de los intereses de la mayoría del pueblo que presumen representar, pero que en la práctica defraudan todos los días cuando no enfrentan con valentía los problemas que afectan sensiblemente a la sociedad.
A punto de ahogarse en las inmundicias del agua contaminada, insalubre y pestilente que reciben millones de habitantes en la zona conurbada tapatía, el gobernador emecista de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, pretende eludir sus culpas y las del partido que lo llevó al poder y de cuya militancia reniega reiteradamente, sin asumir que la responsabilidad de operar el Sistema Intermuncipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA), con todas sus calamidades, errores y deficiencias, ha estado en manos de las administraciones naranjas de Enrique Alfaro Ramírez, de 2018 a 2024 y de su gobierno desde el 6 de diciembre del 2024.
Lemus Navarro no puede eludir su responsabilidad, pues en tanto que Enrique Alfaro Ramírez fue alcalde de Guadalajara del 2015 al 2018 y él desempeñó el mismo cargo por dos periodos en Zapopan, del 2015 al 2021, más tres años de gestión como alcalde de Guadalajara, del 2021 al 2024, en todo ese periodo, no hubo de su parte, ni de Alfaro Ramírez, algún enérgico reclamo, observación o iniciativa, para corregir o mejorar la operación y frenar el deterioro del SIAPA, pese a que ambos, como alcaldes, tenían presencia e influencia en el Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable, del cual, Guadalajara y Zapopan son sus principales socios y usuarios.
La gente tiene muy claro que la mayoría de las iniciativas para resolver el abasto de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara han sido elaboradas con base en ocurrencias y pensadas más para el negocio de políticos y empresarios que en beneficio de la sociedad.
Uno de los últimos capítulos en esta truculenta trama del agua se escrituró el lunes 29 de junio del 2026 cuando el Jefe de gabinete del gobierno emecista de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, anunció en redes sociales un plan estratégico que dijo, contemplaba 32 acciones específicas en el corto, mediano y largo plazos para atender de manera integral la situación: desde la calidad, el abastecimiento, la distribución y el saneamiento, hasta la mitigación de inundaciones y la atención a socavones. En una primera etapa el plan tendría una inversión de 5 mil millones de pesos, pero se calculaba que el costo total sería de más de 25 mil millones de pesos.
Es muy grande la responsabilidad que los presidentes municipales delegaron para la prestación del servicio de agua potable en el gobierno de Jalisco que encabeza Jesús Pablo Lemus Navarro. Por eso, ponga usted en la lista de los presuntos servidores públicos a quienes no han reclamado a la administración estatal por su negligencia, irresponsabilidad y tibieza, como son los casos de Verónica Delgadillo García, alcaldesa de Guadalajara; a Juan José Frangie Saade, presidente municipal de Zapopan y a Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal de Tlaquepaque.
Y junto con ellos, también tienen responsabilidad, por permitir que el SIAPA agravie a la gente con agua sucia y pestilente, que pone en riesgo la salud de las personas, el alcalde de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos; Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presidente municipal de Tlajomulco; María Elena Farías Farfán, de El Salto y Ana Rosa Vergara Ángel, alcaldesa de Juanacatlán.
Los ciudadanos debe tener muy claro que el Artículo 115 de nuestra constitución federal, la ley máxima en el país, establece que los gobiernos municipales tienen a su cargo, entre otras funciones, garantizar el suministro agua potable y resolver todo lo relacionado con el drenaje, el alcantarillado, así como el tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
El mismo artículo 115 Constitucional aclara que los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos. Así mismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio, como sucede con el SIAPA.
Ni la administración estatal, ni los Ayuntamientos de los municipios involucrados que forman parte de la Junta de Gobierno del SIAPA, ni los diputados locales del Congreso de Jalisco, pueden deslindarse de sus responsabilidades con respecto al suministro de agua sucia y pestilente que se cobra como potable, aún con el supuesto descuento del 80 por ciento en la tarifa, que parece más una burla que un beneficio.
Debe aclararse, investigarse, por alguna comisión independiente promovida por el Congreso de Jalisco o por los alcaldes, o por algunos de los alcaldes metropolitanos que integran la Junta de Gobierno del SIAPA, hasta que grado la profundización del problema del agua infecta y pestilente ha sido producto de la negligencia, la ineptitud o el sabotaje. La gente tiene derecho a saber que ocurre en las entrañas del SIAPA.
Los diputados locales no deben respaldar ningún acuerdo, convenio o compromiso que pueda crear condiciones para la privatización de las operaciones del SIAPA, la administración o el suministro de agua potable.