A todas las calamidades que agobian al Instituto de Pensiones del Estado, por malas administraciones, presumibles saqueos y corruptelas, así como inversiones fallidas que han representado pérdidas millonarias en perjuicio de sus beneficiarios, habría que sumar el profundísimo daño que representan los malos e insuficientes servicios médicos, la falta oportuna de atención especializada y la permanente carencia de medicamentos, en perjuicio de personas que durante décadas aportaron su esfuerzo y su trabajo con la esperanza de una pensión digna y una atención humana y de calidad para los naturales padecimientos y pesares que llegan con los años.
La larga lista de afectaciones que padecen los usuarios de los servicios del Instituto de Pensiones de Jalisco las enumera la agrupación Movimiento 19 de abril-2018 de pensionados y jubilados del IPEJAL, quienes reclaman que actualmente hay un rezago de más de 8 mil cirugías pendientes. La tendencia es a que siga creciendo el déficit en atención de cirugías, porque no existen ni los hospitales, propios o subrogados, que puedan resolver esa crisis de salud.
“Desconocemos el número de enfermos que, por los plazos largos en lista de espera de cirugías, no estarán vivos para recibir ese beneficio; lo que configura una conducta criminal, al ser la atención médica un derecho adquirido”, argumentan Paulino Nivón Velásquez y Juan Flores Vázquez, integrantes del Movimiento 19 de abril-2018 de jubilados y pensionados del IPEJAL.
Los servicios de salud de segundo y tercer nivel, que requieren hospitalización están subrogados a empresas que menosprecian y relegan la atención a quienes son beneficiarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, denuncian también otros integrantes del Movimiento 19 de abril-2018 de jubilados y pensionados del IPEJAL, entre quienes están Francisco Flores Bolaños, José Cruz Urzúa, Hilda Rivas García, Arturo López Ramírez, Abel Figueroa González, Guadalupe Delia Távison González, Elizabeth Valenzuela González, Eréndira Martínez Ortega, José Flores Ortega y Bárbara Caamaño Cano.
Denuncian mal trato o negación del servicio de salud de primer nivel y ambulatorios en Clínica San Pío, Servicios Médicos Omega o María Auxiliadora. También ocurre en hospitales de segundo nivel, que deben atender urgencias o especialización, como Puerta de Hierro Sur, Puerta de Hierro Andares, Hospitales CHG o Centro Hospitalario Vicor, Médica Integral Tesistán, Hospital Terranova y Médica de la Ciudad Santa Catalina.
Incluyen en este grupo de servicios médicos subrogados en los cuales son mal atendidos los pensionados y jubilados del IPEJAL, en atención de tercer nivel de hospitalización, alta especialidad y subespecialidad, al Sanatorio Guadalajara y al Hospital San Javier. “Cuando saben que el servicio solicitado es de algún beneficiario del IPEJAL dicen no tener espacios y de cualquier modo evaden atender del mismo modo que a los particulares”, es la queja de los integrantes del Movimiento 19 de abril-2018 de jubilados y pensionados del IPEJAL.
El sobreprecio o precios muy por encima de las cotizaciones de otras empresas en el ramo de la salud y los laboratorios también son denunciados por pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Otra queja recurrente es que siempre faltan medicamentos en las cuatro clínicas del Instituto de Pensiones del Estado, Unidades de Medicina Familiar para atención de primer nivel, para consulta externa: la unidad Fray Antonio Alcalde, en Guadalajara; la Unidad Los Olivos, en Zapopan; la Unidad Pila Seca, en San Pedro Tlaquepaque y la Unidad Javier Mina, en Guadalajara.
Actualmente hay 54 mil 600 jubilados en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Se considera que los 281 especialista médicos que trabajan para IPEJAL son insuficientes para atender la demanda.
LOS SOBREPRECIOS
La compra de medicamentos a sobreprecio ha sido una de las calamidades derivadas de la corrupción que han afectado al IPEJAL desde hace casi una década y en particular la calidad de la atención en sus servicios médicos.
La fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco denunció compras a sobreprecio, a través de contratos entre el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y la empresa abastecedora de medicinas Abisalud y vinculó al Grupo Lomedic, cuya propiedad le atribuyó entonces al actual senador de Morena de Carlos Lomelí Bolaños, presumiblemente para destinar los recursos a campañas de candidatos en Jalisco, publicó el 28 de mayo del 2018 el periódico Mural.
El diputado Salvador Caro Cabrera, que entonces era coordinador de la fracción de diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco y quien se reeligió en el mismo cargo en los comicios del domingo 1 de julio del 2018, sostuvo que el contrato se firmó a finales del 2016 por un monto de 501 millones de pesos, pero que fue en el transcurso de 2017 y 2018 cuando se comenzaron a abastecer insumos médicos a sobreprecio.
Según documento presentado por el entonces diputado emecista Caro Cabrera, de los 271 medicamentos comprados a Abisalud, 31 registraron irregularidades por 30 millones de pesos, entre los que destacaba el Omeprazol, que se vendió con una ganancia de mil 59 por ciento.
El entonces legislador local emecista dijo que de acuerdo a un comparativo, el Omeprazol de 40 miligramos “Ulsen”, caja de 14 cápsulas, tenía como precio de referencia $217.42 pesos; al menudeo se vendía en $306 pesos en cadenas comerciales, pero Abisalud lo cobraba en $2,520 pesos. Adicionalmente se mencionaba que el contrato establecía la compra de 171 cajas de ese producto y el IPEJAL obtuvo 10 mil cajas.
De esas anomalías el entonces diputado local emecista Caro Cabrera responsabilizaba al extitular de la Secretaría de Salud (SSJ) en el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Antonio Cruces Mada y a los candidatos de Morena en 2018: Carlos Lomelí Bolaños, para la gubernatura, y José Hiram Torres Salcedo, para la alcaldía de Zapopan. A Torres Salcedo lo identificó como socio y administrador de Abisalud.
Curiosamente, tres años depués, en los comicios federales del 2021, Caro Cabrera, quien exhibió las presumibles corruptelas de dos políticos morenistas, fue electo diputado de Representación Proporcional, en la Primera Circunscripción Electoral que incluye a Jalisco, pero ahora como candidato del partido Morena.
Unos días después de la denuncia de Caro Cabrera, el miércoles 30 de mayo del 2018, el periódico Mural regresó al tema y publicó que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco simuló en 2016, en la licitación de 454 medicamentos, pues para la adquisición usó como referencia precios de dos empresas “hermanas” de Abisalud, el proveedor adjudicado.
Las compañías de referencia fueron Lomedic y Grupo Quiropráctico del Bajío, que, junto con Abisalud, estarían ligadas a Carlos Lomelí Bolaños, entonces candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia (encabezada por Morena) al gobierno de Jalisco.
Refería el periódico que en trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Abisalud, que tenía como accionista a José Hiram Torres Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Zapopan, señaló como domicilio la calle Chicle 205, interior 2, en la Colonia Paraísos de El Colli; la misma dirección que registró Lomedic, pero con interior 1. Lomelí Bolaños era entonces socio mayoritario de Lomedic, según el Registro Público del Comercio citado por el periódico Mural.
La relación de Grupo Quiropráctico del Bajío con el actual senador morenista Carlos Lomelí Bolaños era a través de su sobrino Mario Vargas Lomelí –advertía la nota–, quien recibió de la empresa un poder general judicial el 20 de junio de 2016 y le fue revocado el 8 de mayo de 2017.
El contrato hasta por 501 millones de pesos para el suministro de medicamentos al IPEJAL se le asignó a Abisalud el 17 de noviembre de 2016. Según auditoría de la Contraloría interna del IPEJAL, la compra registró un sobreprecio de 29.3 millones de pesos en 31 medicamentos.
Se puso como ejemplo el Omeprazol de 40 miligramos “Ulsen”, caja de 14 cápsulas, cuyo precio al menudeo en establecimientos (Farmacias del Ahorro) era de 306 pesos, en tanto que Abisalud lo cobró a 2 mil 520 pesos.
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